El gremio que conduce César González advirtió sobre el riesgo de despidos en medio de la crisis del sistema en San Miguel de Tucumán. Piden garantías laborales mientras el municipio avanza en cambios estructurales.
La posible reestructuración del sistema de transporte público en San Miguel de Tucumán encendió una fuerte señal de alarma en el sector sindical. Desde la Unión Tranviarios Automotor, el secretario general local, César González, reclamó que cualquier modificación del esquema se realice sin afectar los puestos de trabajo.
El dirigente confirmó que el gremio solicitó una reunión urgente con la intendenta Rossana Chahla, luego de conocer a través de los medios los cambios que analizan tanto el municipio como las empresas del sector. “Cuando hablamos de reestructuración, siempre pensamos que puede haber compañeros en la calle, y eso no lo vamos a permitir”, advirtió.
Según detalló González, el sistema atraviesa una situación crítica que pone en riesgo alrededor de 3.100 empleos vinculados al transporte público. La preocupación no solo radica en la posible reducción de personal, sino también en el incumplimiento de obligaciones salariales por parte de las empresas.
En ese sentido, denunció que los trabajadores aún no percibieron la totalidad de sus haberes correspondientes al mes de marzo y que los pagos se estarían realizando sin los incrementos acordados en paritarias. Además, señaló que existe una deuda acumulada por diferencias salariales de los primeros meses del año que ronda los 650 mil pesos por trabajador.
Crisis estructural y tensión con el municipio
El conflicto se da en paralelo a las definiciones que impulsa el municipio capitalino, que exige una reestructuración del sistema como condición para sostener el servicio sin incrementar subsidios. Desde la gestión de Chahla plantean la necesidad de “racionalizar” recorridos y mejorar la eficiencia operativa, en un contexto marcado por el fuerte aumento del combustible y la caída de ingresos.
En ese marco, también se analiza una posible reducción de frecuencias y unidades en circulación, lo que impactaría directamente tanto en los usuarios como en los trabajadores del sector. Actualmente, de los 377 colectivos declarados, circulan cerca de 250, lo que refleja la magnitud de la crisis.
A su vez, desde el Ejecutivo municipal remarcaron que no habrá nuevos aportes económicos sin una reorganización eficiente del sistema, mientras que las empresas reclaman mayores recursos para sostener la actividad.
Postura sindical y posibles medidas
Frente a este escenario, desde la UTA sostienen una postura firme: acompañar cualquier proceso de reordenamiento, pero sin despidos ni pérdida de derechos laborales. “Que se haga la reestructuración, pero con todos los trabajadores adentro”, sintetizó González.
El gremio advirtió que, de avanzar medidas que afecten el empleo, no descartan la realización de acciones sindicales. “No nos queda otra alternativa que salir a la calle para defender nuestra fuente de trabajo”, señaló el dirigente.
Mientras tanto, el conflicto permanece abierto y a la espera de nuevas reuniones entre el municipio, las empresas nucleadas en AETAT y los representantes sindicales, en un contexto donde la crisis del transporte se profundiza y mantiene en vilo a miles de familias tucumanas.