Los concejales recordaron que fueron los únicos en votar contra la ordenanza impulsada por el Municipio y señalaron que el fallo confirma las advertencias que habían realizado sobre las irregularidades constitucionales del procedimiento.
Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos se pronunciaron luego de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazara el recurso de casación presentado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y dejara firme la sentencia que declaró inconstitucional la expropiación de los inmuebles donde funciona la Escuela Gabriela Mistral.
Tras conocerse la resolución judicial, ambos ediles remarcaron que durante el tratamiento de la ordenanza en el Concejo Deliberante habían advertido sobre posibles objeciones constitucionales en torno al mecanismo elegido por el Ejecutivo municipal para avanzar con la expropiación.
Según señalaron, fueron los únicos dos concejales que votaron en contra de la iniciativa, no por oponerse a la continuidad educativa de la institución, sino porque consideraban que el procedimiento impulsado podía derivar en un conflicto judicial.
“Nosotros dijimos en la sesión que la expropiación no podía hacerse de cualquier manera. La educación pública se defiende con seriedad, con planificación y respetando la Constitución”, expresó Cobos al referirse al fallo de la Corte.
El máximo tribunal provincial ratificó el criterio que sostenían los concejales respecto a que la declaración de utilidad pública para avanzar sobre inmuebles con destino educativo no podía ser ejercida de manera autónoma por el Municipio, ya que esa facultad corresponde a la Legislatura provincial, salvo excepciones previstas por ley.
Por su parte, Canelada sostuvo que la resolución judicial deja una enseñanza institucional para el Municipio y destacó la importancia de respetar los límites legales al momento de impulsar políticas públicas.
“Cuando advertimos que la ordenanza tenía problemas constitucionales, no estábamos poniendo obstáculos ni defendiendo intereses particulares. Estábamos cumpliendo nuestro rol institucional”, afirmó.
Los ediles también reclamaron que el Departamento Ejecutivo informe cuáles serán los pasos a seguir tras el fallo y solicitaron la conformación de una mesa de trabajo que permita garantizar la continuidad pedagógica, preservar las condiciones edilicias y brindar certezas a la comunidad educativa.
Además, remarcaron que durante el tratamiento del tema también habían recibido reclamos vinculados al estado del edificio, aulas sobrecargadas y falta de mantenimiento.
“Los chicos, las familias y los docentes deben estar en el centro de la discusión. Nuestra posición nunca fue contra la escuela, sino a favor de una política educativa seria, legal y responsable”, agregó Cobos.
Finalmente, ambos concejales consideraron que el fallo debe servir como advertencia sobre la necesidad de construir soluciones institucionales sólidas y evitar decisiones improvisadas que luego no superen el control judicial.